El sistema bancario mexicano está en plena adaptación. A partir de medidas ya anunciadas por varias instituciones, los retiros y depósitos en efectivo por montos elevados exigirán nuevos controles de identidad, un cambio que promete reducir fraudes pero también plantea desafíos prácticos para usuarios, comercios y microempresarios.
Qué se exige exactamente y desde cuándo
La regla central que están implementando bancos como BBVA México, Citibanamex (comúnmente llamado Banamex), Banco Azteca, Santander México y Scotiabank consiste en solicitar identificación oficial vigente para cualquier retiro o depósito en efectivo que supere 140,000 pesos mexicanos. La fecha límite de entrada en vigor comunicada por varias entidades es el 1 de julio de 2026; algunas sucursales y plataformas ya realizan pruebas piloto desde 2025.
El requisito de identificación acepta documentos como la credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla militar vigente; en operaciones empresariales se suman RFC y acta constitutiva, cuando correspondan. Si el cliente no presenta el documento, la operación se cancelará y no procederá, aunque exista saldo suficiente en la cuenta.
En términos de valor internacional, 140,000 pesos representan aproximadamente entre 7,000 y 8,000 dólares estadounidenses según el tipo de cambio promedio de 2024, por lo que la barrera es significativa y está orientada a operaciones de alto volumen en efectivo.
Por qué los bancos están imponiendo este requisito
Las justificaciones oficiales combinan seguridad, lucha contra el lavado de dinero y alineación con estándares internacionales. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han presionado desde 2022 por esquemas más estrictos de identificación y registro de operaciones inusuales.
Los bancos argumentan que, con este requisito, podrán generar un rastro auditable para cada movimiento en efectivo elevado, facilitar la detección de patrones sospechosos y reducir riesgos operativos como la suplantación de identidad, el robo en sucursales y la extracción por terceros no autorizados.
Desde la óptica corporativa, la medida también reduce costos asociados a seguridad: menos efectivo en circulación implica menos transporte de valores, menos necesidades de cajas fuertes con altas capacidades y, por ende, menor gasto operativo a largo plazo.
Cómo funcionará el proceso en la práctica
Al acudir a una sucursal para realizar un retiro o depósito superior a 140,000 pesos, el cliente entregará su identificación al cajero. Dependiendo del banco, el documento será escaneado para registrarlo en la operación y cotejado contra los datos almacenados en la cuenta.
En sucursales con mayor tecnología, se implementará verificación biométrica: huella dactilar o reconocimiento facial que cruce la identificación física con el perfil del titular. Para cuentas empresariales, además del RFC, se exigirá comprobar la relación entre la persona que realiza la operación y la persona jurídica —esto puede implicar presentación de poderes notariales.
Si la operación proviene de una tercera persona (un apoderado), los bancos exigirán poder notarial actualizado y, en muchos casos, la presencia telefónica o confirmación con el titular de la cuenta mediante códigos de seguridad o llamadas registradas.
Impacto en distintos tipos de usuarios
Persona física con ahorro particular
Para un ahorrador que ocasionalmente retira sumas mayores, la nueva norma es un recordatorio para mantener documentos vigentes. Un escenario típico: alguien que retira 150,000 pesos de su cuenta para pagar la compra de un vehículo usado deberá llevar INE o pasaporte; sin documento, no podrá retirar aunque la cuenta tenga saldo suficiente.
Micro y pequeñas empresas
Los negocios que operan con efectivo —tiendas de abarrotes, fondas, talleres— son los más afectados. Por ejemplo, un abarrotero que realiza arqueos semanales y decide depositar 200,000 pesos en efectivo en Banco Azteca deberá presentar documentación que respalde el origen de esos fondos. Si no puede justificar el origen o no cuenta con identificación vigente, el depósito queda suspendido.
Esto impulsa a muchos comerciantes a migrar parte de sus cobros a terminales punto de venta, transferencias SPEI y billeteras electrónicas para evitar la fricción que genera presentar papeles cada vez que acumulan efectivo.
Empresas medianas y grandes
Para empresas formales, la medida no representa un cambio radical: ya existen procesos de KYC (conozca a su cliente), poderes y registros fiscales que facilitan la verificación. Sin embargo, tendrán que ajustar flujos de caja si tradicionalmente dependían de depósitos masivos en efectivo.
Alternativas para evitar problemas: qué puede hacer el usuario
- Llevar siempre identificación vigente. Renovar la INE antes de su vencimiento y mantener el pasaporte o cédula profesional en caso de perder la credencial electoral.
- Usar transferencias electrónicas cuando sea posible. SPEI permite mover millones de pesos por operación sin necesidad de acudir a sucursal y sin presentar identificación física.
- Dividir depósitos. Si una persona teme que su operación lenta cause demoras, puede fraccionar depósitos por debajo del umbral, aunque debe evitar fraccionamientos diseñados para evadir controles, ya que eso puede generar alertas en la UIF.
- Documentar el origen de fondos. Para comerciantes, llevar facturas, reportes de caja y registro de ventas facilita depositar grandes cantidades y justificar su procedencia.
- Nombrar apoderados con poderes claros. Si alguien más realizará operaciones en la sucursal, que el poder notarial esté actualizado y registrado en el banco con antelación.
Consecuencias no deseadas y riesgos sociales
Hay críticas válidas: la medida puede afectar especialmente a personas mayores, comunidades rurales y personas sin acceso regular a documentos actualizados. En zonas donde la infraestructura digital es limitada, obligar a migrar al uso de transferencias puede excluir a quienes dependen del efectivo.
También existe el riesgo de que malos diseñadores de políticas y empleados sobreexigentes cancelen operaciones legítimas por falta de documentación secundaria o por interpretaciones estrictas del procedimiento, generando minería de clientes y pérdida de confianza.
Mi opinión como periodista: la intención es correcta, pero la implementación debe ser acompañada por campañas públicas claras, atención prioritaria para adultos mayores y facilidades administrativas para actualizar documentos en centros comunitarios.
Costos y beneficios para la banca
Para los bancos, la inversión inicial es tangible: capacitación de personal, actualización de sistemas para almacenar identificaciones escaneadas y despliegue de soluciones biométricas. No obstante, a medio plazo, las economías pueden ser positivas: menos logística para manejo de efectivo, menor incidencia de fraudes y menores primas de seguros por transporte de valores.
Desde el punto de vista reputacional, ofrecer procesos claros y sencillos puede diferenciar a las instituciones. BBVA México ya anunció que integrará notificaciones en su aplicación para avisar cuando una operación próxima supere el umbral, mientras que Citibanamex ha publicado folletos explicativos en sus sucursales.
Qué deberían mejorar los bancos según expertos
Especialistas en cumplimiento y defensores del consumidor proponen varias acciones:
- Capacitación específica para personal de ventanilla sobre trato a adultos mayores y personas con discapacidad.
- Establecer canales alternos fáciles para la verificación de identidad, como confirmaciones remotas por videollamada con agente autorizado.
- Creación de excepciones documentadas para situaciones puntuales, como depósitos por herencias acompañadas de documentos legales.
- Campañas de información coordinadas entre bancos, CNBV y autoridades locales para evitar confusión.
Caso práctico: cómo afectaría a un comerciante de la Ciudad de México
María, dueña de una miscelánea en la alcaldía Coyoacán, cobra en efectivo y deposita semanalmente. Si en una semana reúne 180,000 pesos en ventas, al acudir a depositarlos deberá presentar su identificación vigente y mostrar un registro de ventas si el banco lo solicita. Si no lo tiene, el banco puede retener o rechazar la operación hasta que se acredite el origen. Para evitar esto, María puede comenzar a solicitar pagos por transferencia a proveedores y clientes habituales, o utilizar plataformas de cobro digital que depositan en su cuenta sin que ella lleve grandes sumas a la sucursal.
Cómo afecta a la lucha contra el crimen financiero
Crear registros detallados de operaciones en efectivo eleva la capacidad de autoridades y bancos para identificar redes de lavado, compras de activos con dinero ilícito y movimientos sistémicos entre cuentas. Sin rastreo, grandes sumas pueden moverse sin control. Con identificación obligatoria, las señales de alarma se vuelven más detectables.
Sin embargo, las redes criminales pueden responder migrando a estructuras más complejas: fraccionamiento de depósitos, uso de testaferros con documentación válida o operaciones en efectivo en zonas no bancarizadas. Por ello, la medida es necesaria pero no suficiente; debe complementarse con fiscalización y coordinación entre autoridades.
Reflexión final y recomendaciones concretas
El requisito de identificación para retiros y depósitos en efectivo mayores a 140,000 pesos representa un avance hacia una banca más segura y alineada con prácticas globales. Al mismo tiempo, exige sensibilidad en su aplicación para no penalizar a los sectores más vulnerables.
Recomendaciones prácticas para usuarios y empresas:
- Revisa la vigencia de tu INE o pasaporte y renueva con tiempo.
- Prefiere transferencias SPEI para montos altos; son rápidas, trazables y evitan visitas a sucursal.
- Si llevas efectivo por motivos laborales, mantén registros diarios de caja y facturas para justificar depósitos.
- Si actúas como apoderado, registra poderes ante tu banco antes de realizar la operación.
- Consulta con tu banco las opciones de verificación remota y las facilidades para clientes con limitaciones físicas o de movilidad.
La transición es ineludible. Si bien existen incomodidades, la convergencia entre mayor control y digitalización puede mejorar la seguridad del sistema financiero y proteger mejor el patrimonio de ciudadanos y empresas. Lo crucial será que bancos y autoridades implementen la norma con transparencia, capacitación y medidas de acompañamiento social para que nadie quede excluido en el camino.